by DANIEL COHN-BENDIT, PASCAL CANFIN, SVEN GIEGOL Y FLORENT MARCELLESI
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos la semana pasada por su nuevo presidente, Herman Van Rompuy, han intentado responder a las especulaciones de los mercados sobre la solidez de la zona euro y, en particular, de Grecia. Más allá de las medidas de solidaridad imprescindibles a corto plazo, el futuro de la zona euro pasa por una revisión profunda de las políticas económicas de la UE.
De hecho, la gestión de la crisis financiera ha mostrado las pocas ganas que tienen los estados de coordinar sus políticas de estímulo. Sin embargo, mejorar el modelo social europeo pasa por una mayor cooperación entre los estados miembros en el plano fiscal y tributario y por la reforma del pacto de estabilidad y crecimiento.
El presupuesto de la Unión no supera el 1% del PIB europeo, cuando el presupuesto federal de EEUU está en torno al 20% de su PIB. Esto refleja, por supuesto, historias diferentes, pero también muestra que la UE es un enano presupuestario, lo que no permite a la Comisión Europea estimular una verdadera política industrial, de investigación y de
infraestructuras.
Sin embargo, ante retos como el del cambio climático, hay que organizar la puesta en común de nuestros esfuerzos de investigación para desarrollar las técnicas que necesitaremos para reducir drásticamente el contenido en carbono de nuestros patrones de producción y consumo. Las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para el período 2014-2020 empiezan en 2010: los estados europeos deben proponer un aumento gradual del presupuesto del 1% al 5% del PIB de la UE en 2020, financiado al menos en parte por los impuestos directos recaudados por la Unión.
Para financiar este presupuesto y encontrar el margen de maniobra financiero que les permita reducir su déficit y su deuda pública, los Gobiernos deben actuar juntos sobre la fiscalidad. La absurda competencia fiscal entre ellos lleva a una continua bajada del impuesto de sociedades en la UE. La reconquista de una mayor soberanía fiscal pasa, como fue el caso en el ámbito monetario, por una mejor coordinación europea.
Este importante proyecto se basa en cuatro prioridades: 1. La adopción de la directiva sobre una base imponible consolidada para las multinacionales europeas para limitar las deslocalizaciones fiscales; 2. La puesta en marcha del intercambio automático de información entre los estados europeos, por un lado, y entre la UE y terceros países por otro, para luchar contra el fraude y la evasión fiscal en los paraísos fiscales; 3. El desarrollo de una fiscalidad en el ámbito de la energía que permitirá, si se realiza directamente a nivel europeo, favorecer los modos de producción más ecológicos y a la vez evitar distorsiones de la competencia entre los países del mercado único; y 4. La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras.
Es imposible defender, sin caer en la demagogia, una moneda única sin criterios de gestión financiera común y, por lo tanto, compromisos comunes en términos de déficit presupuestario y de gestión de la deuda pública.
El pacto de estabilidad, por su parte, ha quedado obsoleto: la mayoría de los estados en la zona euro no lo cumple y se han puesto de relieve sus “ángulos muertos”. Antes de la crisis, España tenía cifras de déficit y de deuda pública acordes con el pacto de estabilidad pero dejaba escapar la deuda privada que alimentó una burbuja especulativa. Resultado: al estallar la burbuja, la recesión es peor que en otros lugares (¡19% de paro!) y las cuentas públicas entran en números rojos. La zona euro debe dotarse de un instrumento adicional de gestión económica que permita a la Comisión y al Banco Central Europeo presionar a los estados que dejan que se constituyan burbujas especulativas. Otro ángulo muerto del pacto de estabilidad son los déficits y superávits de la cuenta corriente, es decir, principalmente el saldo del comercio de bienes y servicios.
En una economía tan integrada como la de la zona euro, algunos de los déficits son los excedentes de los demás. Alemania, con su política agresiva de reducción de los costes laborales, está limitando el consumo interno y tomando cuotas de mercado de sus competidores europeos, en lugar de desempeñar su papel de locomotora de la zona euro. La deflación salarial puede ser una estrategia ganadora para un país aislado, pero se torna contraproducente si todos los países de la zona hacen igual.
Sin embargo, al no poder llevar a cabo una devaluación de su moneda, los países miembros de la zona euro más afectados por la crisis –España, Irlanda, Grecia, etc.– ya se adentran por este camino como consecuencia de la aplicación del Pacto de estabilidad. Si es cierto que el Estado griego debe hacer esfuerzos para reducir la economía informal y mejorar la eficiencia del gasto público, una solución sostenible va mucho más allá de la visión castigadora de la actual Comisión.
Los estados miembros, y en particular los de la zona del euro, están en una encrucijada: o bien siguen practicando la no cooperación y corren el riesgo de reventar el acervo europeo –en primer lugar el euro–, o bien salen de la crisis por la puerta grande mediante la puesta en marcha de nuevas cooperaciones. Esto implica transferencias de soberanía nacional. Pero, a su vez, permitirá más soberanía europea para garantizar nuestros modelos sociales. Este año será un año crucial. ¡Buena suerte, señor Van Rompuy!
Daniel Cohn-Bendit es copresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo
Pascal Canfin es eurodiputado de Europe Écologie
Sven Giegol es eurodiputado de Die Grünen
Florent Marcellesi es coportavoz de la Coordinadora Verde
Ilustración de Juan Ossorio
