Mañana el Parlamento Europeo vota la extensión de preferencias tarifarias al territorio del Sahara occidental ocupado ilegalmente por Marruecos en 1979. Este acuerdo se negoció tras la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea de Diciembre del 2016, que dictaminó la imposibilidad de aplicar preferencias tarifarias bajo el anterior acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos al territorio del Sáhara Occidental. Los argumentos de la Corte fueron claros: Marruecos y el Sáhara Occidental son dos territorios distintos y separados, y cualquier preferencia tarifaria que se aplique al Sáhara debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

A pesar de que el pueblo saharaui tiene la ley de su parte y de la claridad de la Corte, la Comisión ha decidido doblegarse al chantaje marroquí en temas migratorios y negociar un acuerdo ilegal, contrario al derecho europeo e internacional, así como a las decisiones de la Corte. Ello mientras dice apoyar las negociaciones auspiciadas por el Enviado Especial de Naciones Unidas, Horst Köhler, que se han reiniciado tras seis años de parálisis.

Las negociaciones sobre este acuerdo se han llevado a cabo únicamente con Marruecos, a pesar de que la Comisión ha reiterado en numerosas ocasiones no reconocer su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Ningún país reconoce tal soberanía, pero otros actores como EEUU, Noruega e Islandia han optado por la opción más coherente: excluir el territorio del Sáhara Occidental de sus acuerdos con Marruecos. ¿Por qué no ha optado la UE por esa solución? Además, las negociaciones se han realizado sin una evaluación de impacto, sin datos disponibles sobre intercambios comerciales y sin que la Comisión ponga un pie en el Sáhara Occidental. ¿Podríamos imaginar el escándalo si la Comisión hubiese actuado de la misma manera en las negociaciones del acuerdo CETA con Canadá?

 El procedimiento en el Parlamento Europeo no ha sido mucho más esperanzador: la parlamentaria responsable del tema, Patricia Lalonde, compañera francesa de grupo de Ciudadanos, fue acusada de un serio conflicto de intereses que se descubrió poco antes del voto en la Comisión parlamentaria de comercio internacional y que fue ampliamente denunciado por los Verdes. En este ambiente contaminado por el conflicto de intereses y una presión insostenible por parte del gobierno marroquí y su ejército de “lobistas” el apoyo incondicional a un acto de clara ilegalidad por los grupos mayoritarios del parlamento, incluyendo el de Elena Valenciano a la cabeza del grupo socialista, ha sido particularmente perturbador. Antes del voto en pleno, es precisa la respuesta a una serie de cuestiones fundamentales: ¿Cómo puede la UE justificar que no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental tras negociar el acuerdo comercial únicamente con Marruecos? ¿Por qué la Comisión Europea no ha obtenido el consentimiento del pueblo saharaui a través del Frente Polisario, único representante del pueblo Saharaui reconocido por Naciones Unidas? ¿Dónde están los datos sobre los intercambios comerciales entre el Sáhara Occidental y la UE? ¿Por qué los consumidores europeos serán incapaces de distinguir los productos provenientes del Sáhara Occidental, vulnerando la legislación europea sobre protección de consumidores?

Casi 100 parlamentarios, entre los cuales me encuentro, hemos pedido que la Corte de Justicia de la UE evalúe la legalidad del acuerdo antes de que sea votado en el Parlamento Europeo. La inseguridad jurídica que supone este acuerdo, que con certeza será declarado ilegal por la Corte, demuestra que no se están tomando en serio a los ciudadanos europeos, a la población saharaui y a los operadores comerciales. Esta petición es lo máximo que como parlamentarios podemos aceptar en este expediente, especialmente tras ver cómo lo peor de la política ha salido a la luz durante las negociaciones en la Comisión y en el Parlamento.

La credibilidad de la UE está en juego. Votar a favor de este acuerdo será votar en contra del derecho internacional y de las decisiones de nuestra propia Corte. Votar a favor de este acuerdo será legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, entorpecer las negociaciones en Naciones Unidas y transmitir a Marruecos el mensaje de que por muchas sentencias de la Corte que hayan, seguiremos operando como si nada hubiese pasado. Si queremos defender a la UE como un actor que contribuye a la paz y que defiende los derechos humanos y el estado de derecho, debemos impedir que este acuerdo se apruebe mañana en el Parlamento Europeo.