La ecología política como radicalidad democrática

Mafalda cuidado tierra

Florent Marcellesi, coordinador de Ecopolítica y miembro de la Revista Ecología Política.

Publicado en la revista Cuides, nº9, octubre 2012 (*). Este es el sexto artículo de ocho en la serie “¿Qué es la ecología política? Una vía para la esperanza en el siglo XXI”.

La consecución de la «sociedad convivencial», donde la herramienta moderna se pone al servicio de la persona integrada en la colectividad (Illich, 2006) y donde prima la biomímesis y la autocontención (Riechmann, 2008), implica realizar cambios profundos —de estilo de vida, de relaciones sociales, in fine de civilización, etc.— que cuestionan las bases de nuestras democracias representativas. Apoyándonos en el último texto de Gorz, podemos plantear que una incorporación fallida de los conceptos de solidaridad intergeneracional y solidaridad planetaria y el no tomar en consideración el «imperativo de supervivencia» pueden llevar a la sociedad a un «fascismo verde»:

“Sin estas premisas, sólo se podrá evitar el colapso a través de restricciones, racionamientos, repartos autoritarios de recursos característicos de una economía de guerra. Por lo tanto, la salida del capitalismo tendrá lugar sí o sí, de forma civilizada o bárbara. Sólo se plantea la cuestión del tipo de salida y el ritmo al que va a tener lugar.” (2008b)

Por otro lado, la noción de sostenibilidad cuestiona radicalmente la visión occidental tradicional de interés general al ampliar las preocupaciones políticas en el «tiempo largo» (al referirse a las generaciones futuras) y en el espacio (al revelar la pertenencia de la humanidad a un espacio común sugiriendo una interdependencia ecológica entre los pueblos) (Boutaud, 2007). Sin embargo, se constata la incapacidad del sistema político y democrático actual para pensar el largo plazo y los intereses de los no representados, privilegiando los intereses a corto plazo (Jonas, 1995) y limitando además el interés general al Estado-nación.

Esta situación de partida empuja a la ecología política a esbozar una reflexión sobre los caminos que posibilitan el cambio y, por tanto, sobre la democracia como herramienta para deliberar sobre «el sentido de lo que hacemos en casa», desde el punto de vista económico, social y político. Por oposición a enfoques medioambientalistas y/o conservadores, la ecología política —por el cambio radical de rumbo que propone a largo plazo— adquiere una dimensión profundamente transformadora y revolucionaria. Sin embargo, al mismo tiempo, si bien rechaza los planteamientos antisistema o maximalistas de la Gran revolución, no rechaza el reformismo del día a día ni la «política de los pequeños pasos», ya que considera que queda un margen de transformación dentro del sistema capitalista (Lipietz, 2008). Este camino, que unifica acciones reformistas a corto plazo y objetivos radicales a largo plazo con el fin de desbordar al propio sistema, es denominado por los ecologistas y algunas corrientes socialistas como «reformismo radical», aunque también se conceptualizó en el ámbito del movimiento juvenil ecologista como «revolución lenta» (Chiche!, 1996). En palabras de Lipietz, esta visión, heredada de filósofos como Michel Foucault, se refleja en el sueño de «una multitud de microrrupturas, una revolución molecular nunca acabada» (2000c: 185).

Para llevar a cabo este planteamiento, la ecología política escoge por definición el camino del ecopacifismo y de la democracia definida de manera preferente como de base o participativa. Por ejemplo, desde el prisma de la bioeconomía, cuestiona el modelo democrático representativo vigente por estar poco adaptado a una producción y un consumo sostenibles. Frente a los sistemas centralizados, elitistas y con fuertes jerarquías excluyentes, un modelo descentralizado y participativo es la forma más eficiente de satisfacer las necesidades vitales de la población (Bermejo, 2007: 64). En este sentido, incluso el muy moderado Informe Brundtland, que plasmó la definición actual de desarrollo sostenible, defiende que la mejor manera para alcanzarlo es la descentralización del control de los recursos y la transmisión del derecho de voz y voto a las comunidades locales (CMMAD, 1988: 90). En el ámbito social, la aceptación de cambios radicales en los modos de vida y la predominancia del interés general local y planetario, presente y futuro, requieren una sociedad muy cohesionada y comprometida en la gestión de las políticas públicas. Garantizar la estabilidad y la permanencia de las grandes decisiones se convierte pues en la clave de una transición exitosa hacia una sociedad duradera. Por lo tanto, para obtener consensos fuertes a largo plazo, el proceso democrático en el ecologismo se basa en la interrelación y participación activa de los ciudadanos y de las comunidades en las decisiones públicas diarias y plurianuales. En este sentido, Murray Bookchin y la ecología social plantean la necesidad de un compromiso social en las temáticas ambientales a través de nuevas formas de democracia directa, al igual que la interdependencia y la cooperación rigen de forma eficiente los ecosistemas y las relaciones entre especies (1999).

Por supuesto, la ecología política no idealiza la democracia local y participativa como transformadora o buena per se para el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. Si los procesos participativos no se vinculan a otras iniciativas como la concienciación y la educación o no integran en cada momento una visión global —y una gobernanza transnacional y mundial—, nada apunta a que se pueda alcanzar una mejora automática del sistema vigente. Sin embargo, frente a visiones minoritarias en el conjunto vivo de la ecología política que afirman que desde el punto de vista puramente ecocéntrico la democracia puede ser superflua o, en el peor de los casos, un complemento opcional, entenderemos también por ecología política una filosofía y un pensamiento de la acción que pretende aumentar al máximo la autonomía de los seres humanos y no humanos:

La conexión entre ecología y democracia deja de ser débil […] el autoritarismo queda excluido en el nivel del principio verde (y no por razones puramente instrumentales), del mismo modo que es excluido según el principio liberal: viola de forma fundamental los derechos de los humanos a decidir su propio destino. (Eckersley, en Dobson, 1997: 49)

Debería existir por tanto una conexión entre ecología política y democracia: la democracia —preferentemente participativa— es para la ecología política una condición necesaria, aunque no suficiente, para un proyecto emancipador basado tanto en el respeto de los ecosistemas como en la justicia social y ambiental, y en la liberación del ser humano.

En este contexto, la ecología política se enfrenta por lo menos a los siguientes retos que tendrá que ir solventando para hacer realidad su proyecto (Marcellesi, 2011b, disponible en este blog):

  • La democracia de la autolimitación: establecer límites a nuestro consumo y distribuir los pedazos de naturaleza que corresponden a cada uno y una según principios de justicia ambiental, y sobre todo de forma ordenada y asumida por todos y todas, plantea un reto de gran magnitud para la res publica. Supone definir procesos o herramientas democráticos que permitan decidir, de forma colectiva y teniendo en cuenta unos recursos limitados, las necesidades y los medios para su satisfacción.
  • La democracia de los sin voz: se trata de diseñar nuevos sistemas y mecanismos democráticos que posibilitan la representación de dos categorías principales: los seres humanos que viven en tierras lejanas como en los países del Sur o que todavía no han nacido como las generaciones futuras, y el resto de seres vivos y no vivos.
  • La democracia glocal: desde su creación, los movimientos ecologistas defienden que para “pensar global” hay que “actuar local” y “actuar global”. Se establece de esta manera una danza dialéctica entre dos dinámicas desde lo local y desde lo global; el reto descansa en articular la complejidad de ambas dimensiones, tanto desde las instituciones como desde los movimientos sociales. (1)
  • La democracia de la urgencia ecológica: la democracia supone procedimientos complejos y alargados en el tiempo para poder participar, decidir y articular a una multitud de agentes con intereses múltiples a diferentes niveles locales, regionales y mundial. Al mismo tiempo, existe un ultimátum ecológico y por tanto una “cuenta atrás” para tomar decisiones fundamentales, so pena de una desaparición brutal de cualquier ideal democrático. Esta contradicción entre tiempo necesario y tiempo disponible para arreglar la crisis ecológica está en el centro de atención para conseguir una transición socio-ecológica exitosa.

Próxima entrega: La ecología política en el eje izquierda-derecha

Entregas anteriores:

(*) Se basa en una adaptación y actualización de la publicación Marcellesi, F. (2008): Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde, Bilbao, Bakeaz (Cuadernos Bakeaz, 85).

(1) La Great Initiative Transition propone de hecho una triple dinámica “Desde abajo: las responsabilidades deberán desplazarse hacia los niveles locales dentro del espíritu de subsidiariedad y participación. Desde arriba: las crecientes necesidades de gobernabilidad global desplazarán una parte mayor de la toma de decisiones al contexto internacional. Desde los lados, los negocios y la sociedad civil se convertirán en socios más activos de la gobernabilidad.” (Raskin et al. (2002): La Gran Transición: la promesa y la atracción del futuro, Instituto Ambiental de Estocolmo, p54).

Crédito imagen: Quino.


2 thoughts on “La ecología política como radicalidad democrática”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *