by Por Florent Marcellesi y José Bové, eurodiputados de Los Verdes/ALE
Artículo publicado en eldiario.es, el 25/10/2016
La Comisión Europea parece desesperada en validar rápidamente el acuerdo de comercio e inversiones entre Canadá y la Unión Europea, el CETA. Para ello, además de ignorar la decisión del Parlamento Valón, se dispone a sacrificar el 90% las indicaciones geográficas a nivel europeo con denominación de origen. Sin embargo, los negociadores europeos se felicitan y aseguran haber defendido la calidad de los productos agrícolas. Según ellos, esto es una victoria importante, porque este tema estaba envenenando el comercio desde hace años.
Las indicaciones geográficas (o denominaciones de origen protegidas) garantizan a los consumidores que el producto que están comprando ha sido desarrollado de acuerdo a unos criterios estrictos en una zona geográfica limitada. También permiten a los ganaderos vender su leche a un precio justo. En término medio, los productores de leche reciben 500 euros por tonelada mientras que la empresa multinacional Lactalis ofrece 300 euros, asfixiando así a los productores que suministran leche a sus fábricas.
El arroz valenciano, el ajo morado de Las Pedroñeras, las castañas de Galicia, la faba asturiana, pimiento del Piquillo de Lodosa, el queso Cabrales, de tetilla o Torta del Casar; el jamón de Jabugo y Serrano, el chorizo de Cantimpalos, la morcilla de Burgos, la carne de Ávila, la melva y caballa de Andalucía, el mejillón de Galicia, las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta, la ensaimada mallorquina, el vinagre de Jerez o Montilla-Moriles, la chufa valenciana y el plátano de Canarias, entre otros muchos productos, con la entrada en vigor del CETA, no podrán ser protegidos por las autoridades españolas. Estos productos podrán entonces ser fabricados, copiados, y plagiados en Canadá sin que los productores españoles puedan plantear una sola queja.
Durante años, la Unión Europea y nuestros ministros nos han acosado con el respeto a la propiedad intelectual. Las patentes de Monsanto son sagradas, las de Bayer también. Los agricultores no tienen derecho a sembrar semillas sin pagar el diezmo. Sin embargo, para los productores locales, la propiedad intelectual ya no importa. Está claro: En el ámbito de la propiedad intelectual, existen diferencias y las marcas comerciales son intocables. Las patentes están protegidas por el Estado. Los derechos de autor aún se defienden, a veces en voz baja. Y sin embargo, las denominaciones de origen protegidas, las cuales son de facto propiedades intelectuales colectivas reconocidas por la Organización Mundial de Comercio, pueden ser libremente ignoradas.
Escribimos a la Comisaria de Comercio de la UE, la Señora Cecilia Malmström, a principios de julio, para que nos dijera los criterios utilizados para seleccionar los productos dignos de ser protegidos. Seguimos sin respuesta a día de hoy. La pregunta, al parecer, molesta.
Incómoda también resultó la presencia de José Bové en Canadá, retenido varias horas en el aeropuerto de Montreal con la intención de ser expulsado por las autoridades canadienses de no haber sido por la indignación social y política. En una democracia se ha de garantizar la libre expresión y libre circulación de las personas, y las mismas reglas deben aplicarse a todos, también a las multinacionales. De lo contrario, se abre la puerta a todo tipo de discriminación arbitraria y al diktat de las grandes corporaciones y sus políticas nocivas para la gente y el planeta.
