Mañana el Parlamento Europeo vota la extensión de preferencias tarifarias al territorio del Sahara occidental ocupado ilegalmente por Marruecos en 1979. Este acuerdo se negoció tras la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea de Diciembre del 2016, que dictaminó la imposibilidad de aplicar preferencias tarifarias bajo el anterior acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos al territorio del Sáhara Occidental. Los argumentos de la Corte fueron claros: Marruecos y el Sáhara Occidental son dos territorios distintos y separados, y cualquier preferencia tarifaria que se aplique al Sáhara debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
A pesar de que el pueblo saharaui tiene la ley de su parte y de la claridad de la Corte, la Comisión ha decidido doblegarse al chantaje marroquí en temas migratorios y negociar un acuerdo ilegal, contrario al derecho europeo e internacional, así como a las decisiones de la Corte. Ello mientras dice apoyar las negociaciones auspiciadas por el Enviado Especial de Naciones Unidas, Horst Köhler, que se han reiniciado tras seis años de parálisis.
Las negociaciones
sobre este acuerdo se han llevado a cabo únicamente con Marruecos, a pesar de
que la Comisión ha reiterado en numerosas ocasiones no reconocer su soberanía
sobre el Sáhara Occidental. Ningún país reconoce tal soberanía, pero otros actores
como EEUU, Noruega e Islandia han optado por la opción más coherente: excluir
el territorio del Sáhara Occidental de sus acuerdos con Marruecos. ¿Por qué no
ha optado la UE por esa solución? Además, las negociaciones se han realizado
sin una evaluación de impacto, sin datos disponibles sobre intercambios
comerciales y sin que la Comisión ponga un pie en el Sáhara Occidental.
¿Podríamos imaginar el escándalo si la Comisión hubiese actuado de la misma
manera en las negociaciones del acuerdo CETA con Canadá?
El procedimiento en el Parlamento Europeo no
ha sido mucho más esperanzador: la parlamentaria responsable del tema, Patricia
Lalonde, compañera francesa de grupo de Ciudadanos, fue acusada de un serio
conflicto de intereses que se descubrió poco antes del voto en la Comisión
parlamentaria de comercio internacional y que fue ampliamente denunciado por
los Verdes. En este ambiente contaminado por el conflicto de intereses y una
presión insostenible por parte del gobierno marroquí y su ejército de “lobistas” el apoyo
incondicional a un acto de clara ilegalidad por los grupos mayoritarios del
parlamento, incluyendo el de Elena Valenciano a la cabeza del grupo socialista,
ha sido particularmente perturbador. Antes del voto en pleno, es precisa la
respuesta a una serie de cuestiones fundamentales: ¿Cómo puede la UE justificar
que no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental tras
negociar el acuerdo comercial únicamente con Marruecos? ¿Por qué la Comisión
Europea no ha obtenido el consentimiento del pueblo saharaui a través del
Frente Polisario, único representante del pueblo Saharaui reconocido por
Naciones Unidas? ¿Dónde están los datos sobre los intercambios comerciales
entre el Sáhara Occidental y la UE? ¿Por qué los consumidores europeos serán
incapaces de distinguir los productos provenientes del Sáhara Occidental,
vulnerando la legislación europea sobre protección de consumidores?
Casi 100
parlamentarios, entre los cuales me encuentro, hemos pedido que la Corte de
Justicia de la UE evalúe la legalidad del acuerdo antes de que sea votado en el
Parlamento Europeo. La inseguridad jurídica que supone este acuerdo, que con
certeza será declarado ilegal por la Corte, demuestra que no se están tomando
en serio a los ciudadanos europeos, a la población saharaui y a los operadores
comerciales. Esta petición es lo máximo que como parlamentarios podemos aceptar
en este expediente, especialmente tras ver cómo lo peor de la política ha
salido a la luz durante las negociaciones en la Comisión y en el Parlamento.
La credibilidad de la UE está en juego. Votar a favor de este acuerdo será votar en contra del derecho internacional y de las decisiones de nuestra propia Corte. Votar a favor de este acuerdo será legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, entorpecer las negociaciones en Naciones Unidas y transmitir a Marruecos el mensaje de que por muchas sentencias de la Corte que hayan, seguiremos operando como si nada hubiese pasado. Si queremos defender a la UE como un actor que contribuye a la paz y que defiende los derechos humanos y el estado de derecho, debemos impedir que este acuerdo se apruebe mañana en el Parlamento Europeo.