Que no nos vendan que el CETA es un acuerdo progresista

Por Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO / @fmarcellesi y los demás eurodiputados del “Progressive Caucus” del Parlamento Europeo

Artículo publicado en eldiario.es, el 16/10/2016

Cuando hace unos años las negociaciones comerciales transatlánticas se pusieron en marcha, tanto los líderes europeos como los americanos no lograron entender por qué despertaron una oleada de escepticismo en sus respectivas opiniones públicas. Prometieron que esta vez sería diferente al NAFTA, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano. Éste terminó destruyendo puestos de trabajo en la industria, rebajando los salarios, desregulando la economía, y convirtiendo a Canadá, que en su día fue nación de pequeños agricultores, en uno de los mayores productores de transgénicos del mundo.

Ahora que el contenido del Acuerdo Económico y Comercial Integral UE-Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) está acabado y publicado, se puede evaluar si estas críticas estaban fundadas o si eran parte del marketing político. Según la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el CETA “elevará los estándares” y “creará puestos de trabajo”. Chrystia Freeland, la ministra de Comercio de Canadá, va más lejos y dice que el CETA es un “acuerdo progresista” porque refleja “valores progresistas”.canada

En realidad, si estas negociaciones tenían por objetivo subir el listón y crear riqueza distribuida equitativamente, debemos preguntarnos por qué se gestionaron de una manera tan opaca. Los miembros de los parlamentos, tanto a nivel nacional como a nivel UE, fueron excluidos de las discusiones, y el mandato negociador del Consejo -que establece las directrices para los negociadores de la Comisión- sólo se hizo público tras cerrarse el acuerdo.

Si realmente el CETA era un acuerdo progresista, ¿por qué sus impulsores tenían miedo de afrontarlo de forma democrática? Aunque los parlamentos nacionales y regionales tendrán que aprobar CETA, el 90% del acuerdo, la parte de competencias exclusivas de la UE, entrará en vigor antes de su voto. E incluso si uno o varios parlamentos deciden rechazar el CETA, la cláusula de “aplicación provisional” hará que siga siendo de plena aplicación en todas estas competencias exclusivas de la UE.

Al contrario de lo que se defiende oficialmente, nadie es capaz de demostrar la capacidad del CETA para generar prosperidad y crear puestos de trabajo. Los resultados oficiales de la  evaluación del impacto sobre su sostenibilidad prevén un aumento del PIB de 0,03%, y otros estudios independientes anticipan la destrucción de más de 200.000 puestos de empleo en toda la UE. La Comisión Europea dice que el CETA es sobre todo una manera de hacer que las pequeñas empresas prosperen, pero este argumento cae por su propio peso: el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la UE debido a la competencia con las grandes empresas Canadienses.

El acuerdo entre la UE y Canadá, por lo tanto, no va dirigido a la creación de riqueza. Cuando exponemos esta contradicción, los defensores del CETA subrayan un argumento geopolítico: sostienen que su intención principal es crear unos estándares de calidad en el comercio internacional elevados, en colaboración con los socios afines, como es el caso de Canadá. Pero una vez más, el texto del acuerdo no lo refleja. Las normas sanitarias no se refuerzan, el “principio de precaución” no se menciona en ninguna parte. La UE y Canadá tampoco se comprometieron en proteger mejor los derechos sociales y los derechos laborales. Y nuestros compromisos climáticos adquiridos en la COP21 entran en flagrante contradicción con el texto de CETA, del que podemos esperar que suponga un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En esencia, el acuerdo comercial entre la UE y Canadá va en contra de lo que nuestras sociedades europeas necesitan, porque genera un aumento de las desigualdades y el deterioro de los servicios públicos. De hecho, el CETA promueve la liberalización en lugar de la protección, la desregulación en lugar de re-regulación. También debilita nuestro sistema legal y la capacidad de nuestros Estados para poner en marcha políticas públicas. Tenemos varios ejemplos: mientras que los agricultores de la UE piden desesperadamente más protecciones en el mercado interno, el CETA abre nuevas cuotas libres de impuestos a la carne de cerdo canadiense, lo que representa un total de 140.000 toneladas al año. Mientras que el programa de desregularización de la UE ha demostrado ser un auténtico fracaso, el CETA ofrece a la competencia extranjera todos los servicios, incluso aquellos excluidos en el acuerdo.

Lo peor de todo es que, tras tres décadas de globalización salvaje que han dejado la sensación entre muchos ciudadanos de que sus gobiernos son incapaces de domesticarlo, las políticas públicas de los gobiernos se enfrentan a otro obstáculo ante las compañías multinacionales, ahora también mediante los canales legales. El nuevo “Sistema Judicial de Inversiones” (ICS en sus siglas en inglés) no es fundamentalmente diferente del antiguo “Sistema de Arbitraje Internacional” (ISDS en sus siglas en inglés), ambos son completamente innecesarios y peligrosos: al igual que TransCanada demandó al gobierno de Obama por poner fin al proyecto Keystone XL (un sistema de oleoductos entre Estados Unidos y Canadá), las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si tomaran medidas que afecten a sus “expectativas legítimas”.

Vale la pena señalar que la Asociación Alemana de Jueces cuestiona severamente la compatibilidad de esta jurisdicción paralela con el orden jurídico de la UE. De hecho, existen serias dudas sobre la independencia y cualificación de los llamados “jueces ICS” (a destacar: van a ser pagados de forma diaria y serán seleccionados por un pequeño grupo de expertos), así como la protección del derecho de los Estados a regular según el interés público.

La Comisión Europea y los Estados miembros conocen nuestros argumentos. El hecho de que se decidiera redactar una “declaración interpretativa” para aclarar aún más las disposiciones del CETA muestra que nuestras reivindicaciones son plenamente fundadas. Pero esta declaración añadida a última hora tiene poco sentido. Es más bien una cortina de humo que no tiene ni el peso legal ni la ambición de contradecir algunos de los aspectos más problemáticos del CETA. No puede contrarrestar el mecanismo de liberalización de los servicios, no menciona el principio de precaución o los objetivos de protección del clima, por citar algunos de los elementos más controvertidos. Creemos firmemente que el CETA no es el tipo de acuerdo que Europa necesita.

Del mismo modo que estamos convencidos que el CETA es peligroso para nuestra democracia, nuestra economía, nuestras normas y nuestro medio ambiente, también pensamos que no aporta una buena regulación del comercio, sobre todo a nivel multilateral. Somos firmes partidarios del multilateralismo en las relaciones comerciales, para que estas contribuyan a la creación de beneficios tangibles para los y las trabajadoras y consumidoras, que suponga una verdadera regulación de la globalización, integrando la lucha contra el calentamiento global, salvaguardando nuestras normas y preservando nuestros modelos democráticos. Pero cualquier otro tipo de acuerdo debe ser combatido.


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